La conciliación familiar y laboral se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales desde la irrupción de la COVID-19 en nuestras vidas. Y es que los cuidados son una función básica e imprescindible en todas las sociedades, por lo que su gestión y desempeño deben ser responsabilidad de toda la sociedad. Sin embargo, en España, la responsabilidad de cuidar ha recaído tradicionalmente sobre las familias, y dentro de éstas, sobre las mujeres.
El escaso desarrollo de servicios y recursos públicos para los cuidados ha llevado a las madres a asumir una doble carga –la de los cuidados y la del trabajo remunerado– que dificulta en gran medida la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Si bien esta situación no es un problema nuevo, sus efectos han adquirido recientemente una mayor magnitud como consecuencia colateral de la pandemia de la COVID-19.
Durante el confinamiento, las familias con hijos se quedaron sin la mayoría de sus principales recursos de conciliación, como las escuelas, los abuelos o las actividades extraescolares. Y las que tienen a su cargo a personas mayores o dependientes perdieron servicios fundamentales como los centros de día o la ayuda a domicilio.
La pandemia ha ocasionado un aumento sin precedentes de las cargas de cuidado en el ámbito familiar, que ya eran desproporcionadas para las mujeres antes de la llegada de la COVID-19. Ante esto, tal y como señala un informe de Eurofound, ha habido un incremento considerable de la participación de las mujeres en el trabajo no remunerado. Esta sobrecarga de responsabilidades familiares puede ocasionar un retraso en materia de igualdad de género y poner en peligro las oportunidades laborales de las mujeres, tal y como señalan organismos como el Fondo Monetario Internacional.
Por otra parte, el exceso de cargas familiares derivadas de esta situación también puede tener repercusiones nocivas para la salud. En este sentido, algunas investigaciones llevadas a cabo durante el confinamiento apuntan a que la necesidad de compatibilizar la vida familiar y profesional con la convivencia en casa, el trabajo doméstico y la educación de los hijos ha generado situaciones insostenibles y de mucha tensión, lo que puede perjudicar la salud mental de muchas personas.
Para hacer frente al aumento de las dificultades de conciliación familiar y laboral en el contexto de la COVID-19, el Gobierno de España aprobó el Plan Me Cuida, que permite adaptar horarios laborales y acogerse a reducciones de jornada o excedencias laborales a aquellos trabajadores que lo requieran por necesidades de cuidado extraordinarias por motivos relacionados con la COVID-19. Sin embargo, esta medida ha generado cierta controversia por, entre otras cuestiones, no ofrecer protección económica a las familias que reduzcan sus horas de trabajo y, con ello, sus ingresos. Esta medida conlleva además otro problema de fondo, y es que las reducciones y excedencias no pueden considerarse una buena estrategia para el apoyo a la conciliación, pues tienen efectos perversos sobre el desarrollo laboral e independencia económica de las mujeres, que son en la mayoría de los casos quienes hacen uso de estos recursos.
Por lo tanto, ante el grave aumento de las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral ante este contexto excepcional, urge desarrollar desde las Comunidades Autónomas una serie de medidas complementarias a las estatales para afrontar esta situación. Pero además, ampliando el foco a la reconstrucción social y económica a la que se deberá hacer frente una vez superada la pandemia, es necesario comenzar a impulsar y desarrollar una red de recursos y servicios que faciliten la conciliación familiar y laboral de las familias, evitando así desigualdades sociales y laborales entre hombres y mujeres, que no suponen más que un lastre para el desarrollo social y económico.