El Estado de Bienestar, concebido como un conjunto de instituciones y políticas sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, protegerlos de los riesgos sociales y garantizar la igualdad de oportunidades, ha experimentado transformaciones significativas debido a la crisis económica y social que se desencadenó a partir de 2007. En este artículo, exploraremos cómo esta crisis ha afectado a diferentes dimensiones del bienestar y qué tipo de nuevas necesidades han surgido en la agenda política.
El sistema de bienestar occidental tuvo su auge después de la Segunda Guerra Mundial, con un fuerte enfoque en la provisión estatal de servicios y prestaciones sociales. Sin embargo, a mediados de la década de 1970, con la recesión económica y la crisis del petróleo, se inició un proceso de redefinición de los mecanismos de protección social. En la actualidad, nos encontramos en lo que se podría llamar la «Edad de Bronce» del bienestar, donde se han incrementado las presiones para desmantelar parte de los sistemas de protección social y se ha dado entrada a la iniciativa privada en la provisión de servicios.
Uno de los aspectos más afectados por la crisis ha sido el empleo. Muchas economías europeas han experimentado una disminución de la actividad económica, el aumento del desempleo y la precarización laboral. Esto ha llevado a un rápido incremento de la pobreza y la desigualdad, especialmente en los grupos más desprotegidos de la sociedad. En el caso de España, por ejemplo, el aumento del desempleo ha disparado los niveles de pobreza y ha revelado las limitaciones del Estado de Bienestar para corregir la desigualdad generada por el mercado laboral.
Otras dimensiones del bienestar también se han visto afectadas. En los países mediterráneos, como España, se ha observado una falta de desarrollo de políticas destinadas a abordar la pobreza infantil, mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes o promover el cuidado de los niños pequeños. Esta falta de atención ha dado lugar a altas tasas de desempleo juvenil, baja tasa de fecundidad y dificultades de conciliación entre la vida laboral y familiar. Además, el envejecimiento de la población y la intensificación de los cuidados a personas dependientes han generado nuevas necesidades que no han sido debidamente abordadas por los sistemas de bienestar.
La crisis económica ha llevado a una transformación en los sistemas de bienestar, con un enfoque en la contención del gasto público en políticas sociales. Se han implementado medidas de austeridad en sectores como la sanidad y los servicios sociales, lo que ha llevado a una disminución de la calidad y accesibilidad de estos servicios. Se han recortado prestaciones y se han introducido restricciones en el acceso a la atención sanitaria, lo que ha generado situaciones de exclusión social y un deterioro de la salud pública.
Ante esta situación, se ha observado un cambio en el papel de los diferentes agentes proveedores de bienestar. Durante la Edad de Plata del Estado de Bienestar, el mercado y el tercer sector empezaron a desempeñar un papel relevante en la provisión de bienestar, junto con el Estado. Sin embargo, en el contexto actual de crisis, el tercer sector se está volviendo aún más crucial en la atención a situaciones de emergencia social y en la reconstrucción de los fundamentos de la protección social. La economía social y las organizaciones del tercer sector pueden contribuir a satisfacer las demandas sociales inmediatas y promover un desarrollo sostenible y solidario.
No obstante, esta transformación plantea desafíos importantes. La disminución de la intensidad y calidad de los servicios y políticas sociales puede generar una crisis de legitimidad del Estado de Bienestar. Además, la falta de atención a las nuevas necesidades sociales y la remercantilización de ciertos servicios pueden dejar desprotegidos a colectivos vulnerables. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la provisión estatal, el mercado y el tercer sector para garantizar una protección social adecuada.
En conclusión, la crisis económica y social ha tenido un impacto significativo en el Estado de Bienestar. Ha puesto de manifiesto las limitaciones de los sistemas de protección social, especialmente en relación con el empleo, la pobreza infantil y las nuevas necesidades sociales. La contención del gasto público y la reorientación hacia el mercado y el tercer sector han generado cambios en la provisión de bienestar. En este contexto, es necesario repensar y fortalecer los sistemas de bienestar para asegurar una protección social adecuada y garantizar la igualdad de oportunidades en tiempos de crisis.