Las políticas familiares son aquellas que plantean como un asunto común problemas que afectan a la gran mayoría de las unidades familiares e intentan dar respuestas colectivas mediante la elaboración y aplicación de políticas públicas. En este sentido, las políticas familiares están compuestas por un conjunto de medidas públicas destinadas a aportar recursos a las personas con responsabilidades familiares para que puedan desempeñar en las mejores condiciones posibles las tareas y actividades derivadas de ellas.
En cuanto a estas medidas, podemos distinguir entre: a) recursos monetarios, que pueden proporcionarse mediante transferencias monetarias o desgravaciones fiscales, b) servicios externos destinados a atender las necesidades y demandas de los menores de edad u otros miembros de las familias que dependan de la provisión de atenciones y cuidados, y c) concesiones de tiempo para la atención, dentro del hogar, a familiares que requieran de cuidados, como son los permisos, las excedencias o las reducciones de la jornada laboral.
Así, las medidas de apoyo a las familias están destinadas a aliviar las cargas familiares y con ello evitar que éstas ocasionen perjuicios económicos, sociales y/o profesionales a los miembros más vulnerables de las unidades familiares.
El desarrollo de este tipo de medidas públicas orientadas a las familias ha tenido que ver con el surgimiento de riesgos y necesidades sociales ligados a las profundas transformaciones estructurales relacionadas con la evolución del mundo de la economía y del trabajo y con el aumento de la incorporación más o menos masiva y rápida de las mujeres al mercado laboral. La aparición de estos nuevos riesgos sociales genera situaciones como el incremento de madres solas haciéndose cargo del cuidado de sus hijos, con las dificultades y riesgos socioeconómicos que ello conlleva, la aparición de nuevas formas de pobreza o el desarrollo de nuevas necesidades educativas. Y estas necesidades requieren respuestas colectivas.
No obstante, en los países del Sur de Europa, el Estado ha mostrado un escaso apoyo a las familias a la hora de proveer de bienestar a sus miembros, dando por supuesta la autosuficiencia de los hogares para proporcionar cuidados personales y apoyo material. Esta despreocupación por la intervención en el ámbito familiar ha generado un escaso desarrollo de la política familiar. De esta forma, se ha reforzado un modelo sustentado por la sobreexplotación de los recursos familiares y, muy especialmente, de aquellos proporcionados por las mujeres, abocándolas a soluciones imposibles, con importantes consecuencias sobre el bienestar personal y colectivo.
Ante las consecuencias de las dificultades que de forma generalizada experimentan las familias, y especialmente las mujeres, para mantener sus aspiraciones laborales tras la maternidad, se hace evidente la necesidad de impulsar políticas destinadas a la conciliación. Sin embargo, con este tipo de políticas no siempre se consigue una justa distribución de roles entre mujeres y hombres, pues bajo la etiqueta de políticas de conciliación se pueden situar concepciones muy diversas sobre el papel de la mujer en el mercado y en el hogar, así como del papel que debe ocupar el Estado en la provisión de bienestar social. Y es que ningún tipo de intervención pública es neutra.
La ideología parece ser un factor fundamental para determinar los posicionamientos políticos a la hora de entender cuál debería ser el papel de la familia en la provisión del bienestar. En este sentido, los sectores más conservadores de la sociedad continúan abogando por un reforzamiento indirecto del papel central del varón en el sustento del hogar. Un ejemplo de ello sería el sistema de prestaciones públicas español, cuyo nivel de recursos depende de la cuantía de las aportaciones realizadas previamente. De esta forma se sobreprotege a los trabajadores estables de larga duración (tradicionalmente el padre de familia), mientras se desprotege o infraprotege a un amplio segmento de ciudadanos con trayectorias laborales más precarias e inestables. También las medidas universales pueden ser instrumentos de una política conservadora, al no distinguir en función de la renta.
Por lo tanto, no sólo importa que se desarrollen políticas de apoyo a las familias, sino también bajo qué planteamientos son concebidas y mediante qué procedimientos se aplican. Y es que las políticas, por muy loables que sean sus intenciones, pueden tener consecuencias inesperadas. Así, por ejemplo, un enfoque erróneo puede llevar a las políticas de conciliación a convertirse en un mecanismo de reproducción de la desigualdad de género, ofreciendo soluciones precarias al déficit de bienestar de las mujeres y las familias.
Edificante el documento.
Por supuesto que la ideomogia influye el disrño de las medidas que se aplican y totalmente de acuerdo en meditar las politicas de carácter universal .