Los Nuevos Riesgos Sociales surgidos en las sociedades occidentales son consecuencia de una serie de cambios demográficos, laborales y sociales asociados con el orden postindustrial. Estos nuevos riesgos plantean auténticos desafíos al Estado de Bienestar, sobre todo por la confluencia de tres tendencias: el envejecimiento de la población, la transformación de los mercados de trabajo y los cambios en los valores sociales.
El envejecimiento de la población
Este primer desafío, consecuencia del incremento de la esperanza de vida y la disminución de la natalidad, plantea un escenario de fuertes presiones económicas. Para cubrir las expectativas de bienestar de los pensionistas se necesitarán contribuciones sociales más altas por parte de una población laboralmente activa cada vez más reducida. Estas limitaciones presupuestarias podrían obligar a los gobiernos a reducir las pensiones públicas, lo que dejaría a algunos segmentos de la población desprotegidos para afrontar los años de jubilación.
Además de las consecuencias económicas, el envejecimiento de la población genera mayores necesidades de cuidado. La atención que requieren las personas en situaciones de discapacidad, enfermedad crónica o vejez supone un importante reto para el Estado de Bienestar. En España, los cuidados a la dependencia están insuficientemente contemplados por el sistema de bienestar. Anclada en una concepción “familista”, la sanidad española da por supuesto que las familias asumirán el grueso de la provisión de bienestar a sus miembros. Ante esta situación, la presencia de un familiar en situación de dependencia suele afectar al resto de miembros del hogar, especialmente al cuidador principal, generalmente mujer, que ha de sacrificar sus aspiraciones laborales y reducir, o incluso abandonar, su ocupación laboral. Los cuidados informales suponen una alteración de los roles familiares y ejercen un impacto nada desdeñable sobre la salud física y mental de las personas cuidadoras.
El envejecimiento de la población tiene, pues, un impacto directo sobre el bienestar de las familias, que cuentan con una capacidad cada vez menor para hacer frente a las crecientes necesidades de cuidados. Estas tendencias ponen en riesgo la provisión de los servicios adecuados para el bienestar de las personas dependientes.
Las transformaciones del mercado laboral
El segundo grupo de Nuevos Riesgos Sociales es el derivado de los cambios en los mercados de trabajo. Los salarios bajos y la precariedad laboral tienen un fuerte impacto social, especialmente sobre los grupos socioeconómicos más vulnerables, como los jóvenes y las personas inmigrantes. En España, los jóvenes se enfrentan a grandes dificultades para alcanzar la independencia financiera, abandonar el hogar paterno, formar una pareja y convertirse en padres. Y los inmigrantes, que hace unos años acudían atraídos por las oportunidades de empleo, han sufrido especialmente el aumento de la inseguridad y la precariedad laboral.
La pasada crisis económica ha afectado a dimensiones importantes del bienestar social. Prueba de ello es la persistencia del desempleo de larga duración y altos niveles de pobreza y desigualdad. El Estado de Bienestar español se ha mostrado incapaz de atajar ambos problemas, y ha hecho descansar en las familias buena parte de la provisión del bienestar. Así, las familias se han visto sobrecargadas con una responsabilidad que les resulta cada vez más difícil de afrontar, especialmente en los hogares más desprotegidos.
Con todo, a pesar de las limitaciones de nuestro sistema de bienestar, es innegable que se ha atenuado el impacto de la crisis sobre poblaciones afectadas por riesgos sociales como la ancianidad o la discapacidad. Sin embargo, otros riesgos han recibido menos atención, como la inserción laboral de los jóvenes o los servicios de cuidado infantil. Estas actuaciones se encuentran aún poco desarrolladas, especialmente si se comparan con las medidas adoptadas en otros regímenes de bienestar.
La evolución de los valores sociales
El tercer grupo de Nuevos Riesgos Sociales es el que deriva de los valores sociales emergentes (individualismo, autorrealización, democratización de las relaciones sociales…) que han influido en la evolución de los modelos familiares. En este sentido, los cambios en las formas de entender la institución familiar han traído consigo nuevos problemas y necesidades, no tanto por los valores en sí mismos sino, más bien, por las tensiones y contradicciones producidas entre estos nuevos valores y la estructura social en la que se despliegan. Así, junto a la familia nuclear, emergen variados tipos de familias con sus propias características y riesgos específicos, como las familias monoparentales, numerosas, homoparentales, reconstituidas, adoptantes, acogedoras, etc.
Un caso en el que se aprecia particularmente este tipo de dificultades es el de la monoparentalidad. Las familias monoparentales forman un modelo profundamente marcado por la dimensión de género. Se trata de una forma de convivencia en la que un solo progenitor (la mujer en una proporción mucho más elevada que el varón) ejerce el liderazgo familiar y asume en solitario el grueso de las labores y la responsabilidad sobre los hijos. El principal problema que sufren las familias monoparentales es la sobrecarga de trabajo de quien debe hacer frente en solitario a las tareas domésticas y de cuidado de los hijos, a la vez que desempeña un trabajo remunerado fuera del hogar. Las consecuencias de esta sobrecarga familiar se agravan ante la ausencia de un adecuado servicio de apoyo al cuidado de los niños. Esta situación constituye un problema para la madre sola que, por lo general, pasa a encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y social.
En definitiva, los Nuevos Riesgos Sociales suponen cada vez un obstáculo mayor para la provisión de bienestar, dada la actual situación de demandas crecientes y de austeridad presupuestaria. Sus consecuencias repercuten directamente sobre las familias, por lo que las políticas familiares deberán tenerlos en cuenta para anticipar y paliar sus efectos.